Resumen: Se trata de contribuyente de 80 años y periodo de Covid,apreciando la sentencia que no faltó diligencia que justificase la sanción, y ello aun no presentada liquidación ni acudir al servicio de ayuda personal para evitar contagio al ser persona de alto riesgo. Son aplicables al procedimiento administrativo sancionador, con ciertos matices, las garantías del proceso penal.Siendo la culpabilidad un elemento esencial de la infracción tributaria, compete a la Administración acreditar su concurrencia, exteriorizando las razones por las que, para el caso particular y en atención a las concretas circunstancias, se aprecia, aunque dicho elemento lo satisfaga la mera negligencia.La apreciación sobre si concurre la exclusión de responsabilidad por la comisión de infracción tributaria por haber actuado el obligado amparándose en una interpretación razonable de la norma, requiere una motivación específica sobre la razonabilidad de tal interpretación, como parte específica del juicio de culpabilidad.La norma tributaria presume que la actuación de los contribuyentes está realizada de buena fe, de tal modo que corresponde a la Administración la prueba de que concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad.El principio de presunción de inocencia no permite que la Administración razone la existencia de culpabilidad mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable
Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto frente al auto dictado en pieza separada de ejecución de Sentencia y,auto,en el que se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, sentencia en la que se declaró que el Ayuntamiento de Puigpunyent había vulnerado los derechos fundamentales de los recurrentes recogidos en los artículos 15 y 18-2 de la CE y le condenó a que acordara el inmediato cierre cautelar del Café Concierto Ca Sa Nina en tanto no se acreditara su plena legalidad de funcionamiento. Como consecuencia de lo anterior el auto apelado, y correlativamente revocado, acuerda en ejecución de dicha sentencia la suspensión de la actividad del citado inmueble. Se estima el recurso de apelación a partir del hecho,no controvertido, de que el café concierto Sa Nina se encuentra cerrado. Previamente el Ayuntamiento había concedido licencia de reforma y cambio de uso de local que es una licencia ex novo que no ha sido objeto del recurso. Contra el inicio de dicha actividad se encuentra pendiente otro recurso contencioso en el que se ha acordado la medida cautelar de suspensión. Se rechaza la ejecución de la Sentencia dictada en el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales al haberse producido una situación fáctica nueva,habiendo cerrado ya el café concierto y destinándose el local a una nueva actividad que es objeto de otro procedimiento que excede de la ejecución.
Resumen: Las bases de la convocatoria se establece que los aspirantes no pueden superar la edad de 40 años durante el año 2023. Entiende la Sala que la presente limitación de edad de acceso a dicho Cuerpo, recogida y expresamente motivada además en la Ley específica de este colectivo y desarrollada por la normativa reglamentaria correspondiente, no resulta contraria a los preceptos constitucionales que reseña la demanda, en tanto que resulta debidamente razonada y fundamentada al efecto, con independencia de que cabe o cabría otra postura legislativa en este tema, que difícilmente podría pasar, parece, por suprimir tal límite de edad de acceso sin más en un cuerpo de seguridad pública y carácter militar, cual parece sustentar el recurrente, dado su petitum en autos , aun cuando al plantear la litis sólo excedía la edad en uno o casi dos años. No es excesivo ni absurdo que sean jóvenes quienes ingresan directamente como oficiales y se espera de ellos que sigan en la Guardia Civil toda su carrera. Es una opción legítima del legislador, que puede previsiblemente satisfacer el interés público
Resumen: Entiende esta sentencia que la modificación del lugar de celebración de al manifestación esta adecuadamente motivada en la resolución impugnada, además de entender que el cambio lo es a un lugar ubicado a 150 metros del solicitado.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR por la que se desestimó las reclamaciones económicas administrativas interpuestas frente a los acuerdos de liquidación y sanción por el IRPF, frente a los que se invocaba la falta de notificación de la orden de carga del plan de actuación de la Administración, lo que se rechaza dado que es una norma interna de carácter organizativo, no siendo procedente su notificación al interesado, se cuestionaba igualmente los efectos de la revocación de la autorización judicial de entrada en el domicilio donde se desarrolla la actividad profesional y se precisa que lo determinante es la valoración de la prueba que se haya podido obtener en dicha entrada y si la liquidación dictada ha tenido en cuenta la documentación obtenida en dicha entrada, lo que no concurre en este caso donde no se identifica que dato recogido en la entrada y registro efectuado se ha utilizado en la liquidación impugnada, tampoco resulta que la Administración haya reconocido que los gastos se encontraran justificados, ni que el procedimiento haya durado más tiempo del legalmente establecido, ni existe una aplicación retroactiva de normas no favorables respecto de la suspensión del procedimiento por el estado de alarma, también se precisan las reglas sobre el cómputo de los plazos de duración del procedimiento en los casos en que existen planes de inspección y las causas de abstención.
Resumen: La Sala da contestación a la cuestión de si, en el ámbito del procedimiento de selección de los empleados públicos temporales, tramitado a través de los servicios de empleo de las Administraciones Públicas y en el que basta el cumplimiento de los requisitos específicos de la oferta de empleo público fijados por el órgano convocante y la disponibilidad, resulta compatible con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad establecer como criterio de desempate el relativo a la prioridad de la inscripción de los candidatos en la oferta de empleo público. Entiende que. si el proceder de la Administración es que todas las solicitudes de empleo recibidas en plazo son sometidas a los criterios valorables y a la evaluación de disponibilidad, y como consecuencia de unos y otra, un determinado número de ellos obtiene la misma valoración, la decisión de acudir al momento de su presentación para escoger las que sumen el número de las solicitadas por la oferente, bien inicialmente, bien en un momento posterior, no merece el reproche de ser contrario a los principios constitucionales, considerando que la prioridad en la presentación de la solicitud no se traduce en preferencia para quien no deba tenerla sino entre solicitudes que, desde esos parámetros sustantivos, han recibido una misma valoración.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía, seguido en procedimiento para la protección de derechos fundamentales, en relación con la oferta de empleo público de un puesto de personal de servicios generales, grupo V, personal laboral del VI Convenio de la Junta de Andalucía, en el Instituto Andaluz de la Juventud. El TS, siguiendo lo ya declarado en otros precedentes, da respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión: el servicio de empleo en su labor de intermediación puede servirse como criterio de desempate de la prioridad en la presentación de solicitudes para una determinada oferta procedente de las Administraciones Públicas siempre que a la igualdad que lo hace necesario se haya llegado mediante la aplicación de criterios coherentes con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Resumen: La Sala Tercera del TS aborda la posible discriminación que pudiera existir de los criterios de desempate previstos en la Instrucción 1/2021 del Servicio Andaluz de Empleo. Se anula una sentencia del TSJ de Andalucía considerando que el Servicio de Empleo, en su labor de intermediación, puede servirse como criterio de desempate de la prioridad en la presentación de solicitudes para una determinada oferta procedente de las Administraciones Públicas, siempre que a la igualdad que lo hace necesario se haya llegado mediante la aplicación de criterios coherentes con los principios de igualdad, mérito y capacidad. O sea, el desempate en virtud de la prioridad en la presentación de la solicitud no se traduce en preferencia para quien no deba tenerla, sino atendiendo a la circunstancia de que diversos factores tales como la titulación, la formación, la experiencia y la disponibilidad han recibido una misma valoración. Y es que el desempate solamente juega en supuestos en los que, desde esos parámetros sustantivos, se produce el mismo resultado para una pluralidad de solicitantes de empleo.
Resumen: La Sala da contestación a la cuestión de si, en el ámbito del procedimiento de selección de los empleados públicos temporales, tramitado a través de los servicios de empleo de las Administraciones Públicas y en el que basta el cumplimiento de los requisitos específicos de la oferta de empleo público fijados por el órgano convocante y la disponibilidad, resulta compatible con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad establecer como criterio de desempate el relativo a la prioridad de la inscripción de los candidatos en la oferta de empleo público. Entiende que. si el proceder de la Administración es que todas las solicitudes de empleo recibidas en plazo son sometidas a los criterios valorables y a la evaluación de disponibilidad, y como consecuencia de unos y otra, un determinado número de ellos obtiene la misma valoración, la decisión de acudir al momento de su presentación para escoger las que sumen el número de las solicitadas por la oferente, bien inicialmente, bien en un momento posterior, no merece el reproche de ser contrario a los principios constitucionales, considerando que la prioridad en la presentación de la solicitud no se traduce en preferencia para quien no deba tenerla sino entre solicitudes que, desde esos parámetros sustantivos, han recibido una misma valoración.
Resumen: Asociación de Propietarios formuló denuncia ante el Ayuntamiento de Palma a fin de que ese Ayuntamiento procediera a la inmediata paralización de las obras que se estaban realizando en el domicilio de esa Urbanización, por entender que los ruidos que generaban, vulneraban los derechos fundamentales a la integridad física y moral de los propietarios, su intimidad personal y familiar y la inviolabilidad domiciliaria de aquéllos, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 15, 18 y 2 de la CE. La sentencia del juzgado concluye que no hay vulneración de derechos fundamentales. Pero la Sala revoca la sentencia al considerar que con tales antecedentes la recurrente ha demostrado y acreditado en autos que los propietarios que representa están expuestos a una fuente de ruidos procedente de la obra que se realiza sin ningún género de dudas, incumple la normativa acústica permitida. Y ello sucede ante la total inoperancia del Ayuntamiento frente a las quejas presentadas, que fueron, no una, sino tres. No ha de admitirse que el Ayuntamiento de Palma, no actúe con la diligencia y rapidez exigibles ante la ejecución de unas obras con licencia que generan molestias graves constatadas. La ignorancia de lo que en su ordenanza se establece y le obliga, no puede ser aplaudida ni consentida.
